Un grupo de ocho legisladores republicanos encabezados por el representante Eli Crane presentó esta semana el proyecto de ley denominado «End H-1B Visa Abuse Act of 2026», una propuesta que, de aprobarse, transformaría radicalmente el principal programa de visas de trabajo especializado de Estados Unidos. El proyecto contempla tres medidas centrales: una suspensión de tres años para el otorgamiento de nuevas visas H-1B, la reducción del cupo anual de 65.000 a 25.000 plazas, y la eliminación del sorteo aleatorio actual en favor de un sistema de adjudicación por orden de llegada ponderado por nivel salarial.
- Qué es la visa H-1B y por qué es el centro del debate migratorio laboral en EE.UU.
- Qué propone el "End H-1B Visa Abuse Act" y cómo cambiaría el sistema actual
- Qué probabilidades tiene el proyecto de convertirse en ley y cuál es la posición del sector tecnológico
- Qué pasa con los titulares de H-1B actuales y los que tienen solicitudes en trámite
- El debate más amplio: H-1B como herramienta de competitividad o como causa del desplazamiento de trabajadores locales
Qué es la visa H-1B y por qué es el centro del debate migratorio laboral en EE.UU.
La visa H-1B es la categoría migratoria que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en posiciones que requieren conocimiento especializado —principalmente tecnología, ingeniería, finanzas, medicina y ciencias—. Cada año fiscal, el gobierno abre una ventana de solicitudes para cubrir un cupo de 65.000 visas regulares más 20.000 adicionales reservadas para titulados de posgrado de universidades estadounidenses. La demanda supera ampliamente ese cupo: en los últimos años, USCIS recibió entre 400.000 y 780.000 solicitudes para esas plazas, lo que obliga a un sorteo aleatorio que deja fuera a la gran mayoría de los postulantes.
Las empresas tecnológicas más grandes del país —Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple— son los principales empleadores de titulares de H-1B. También la utilizan intensamente hospitales, universidades, firmas de consultoría y empresas de servicios financieros. Los países con mayor número de beneficiarios son India y China, pero los profesionales latinoamericanos —especialmente de México, Brasil, Colombia y Argentina— forman una parte significativa de los solicitantes cada año.
Qué propone el «End H-1B Visa Abuse Act» y cómo cambiaría el sistema actual
El proyecto de ley presentado por Crane y sus colegas introduce tres reformas estructurales. La primera es una moratoria de tres años para el otorgamiento de nuevas visas H-1B, durante la cual no se procesarían nuevas solicitudes de primera vez. Las renovaciones de visas existentes quedarían excluidas de esa pausa, pero cualquier profesional que todavía no tenga una H-1B aprobada no podría iniciar el proceso durante ese período.
La segunda medida reduce el cupo anual de 65.000 a 25.000 visas, lo que representaría una contracción de más del 60% en la capacidad del programa. Los legisladores argumentan que esa reducción obligaría a las empresas a priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses antes de recurrir a talento extranjero.
La tercera reforma elimina el sorteo aleatorio —que actualmente determina quién accede al cupo cuando las solicitudes superan las plazas disponibles— y lo reemplaza por un sistema de adjudicación por orden de llegada ponderado por salario. En la práctica, esto favorecería a los solicitantes con ofertas salariales más altas y a las empresas que presentan solicitudes en los primeros días de la ventana de apertura, en detrimento de postulantes con salarios más bajos o de empresas más pequeñas.
Qué probabilidades tiene el proyecto de convertirse en ley y cuál es la posición del sector tecnológico
El proyecto fue presentado con ocho copatrocinadores republicanos, lo que lo sitúa lejos de tener el respaldo necesario para avanzar en el Congreso en su forma actual. La industria tecnológica, que históricamente ha tenido peso significativo en el lobby legislativo de Washington, ya manifestó oposición a la propuesta. Las asociaciones de empleadores argumentan que la H-1B cubre vacantes que el mercado laboral local no puede satisfacer, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software.
Sin embargo, la presentación del proyecto tiene valor político independientemente de su trayectoria legislativa: pone sobre la mesa un debate que puede influir en las negociaciones del paquete migratorio más amplio que el Congreso tiene en agenda para 2026, y sienta una posición dentro del partido republicano que contrasta con la línea pro-H-1B que defienden algunos aliados empresariales de Trump, incluido Elon Musk.
Qué pasa con los titulares de H-1B actuales y los que tienen solicitudes en trámite
El texto del proyecto excluye explícitamente a quienes ya tienen una visa H-1B vigente: sus renovaciones no estarían sujetas a la moratoria. Los trabajadores con H-1B activa pueden continuar empleados bajo los mismos términos durante el período que propone el proyecto. Quienes tienen una solicitud en trámite ante USCIS pero aún no tienen aprobación quedan en una zona de mayor incertidumbre, ya que el texto no especifica el tratamiento de los casos pendientes al momento de una eventual entrada en vigor.
Para profesionales latinoamericanos que están evaluando la H-1B como vía de ingreso legal a EE.UU., el escenario actual refuerza la importancia de explorar alternativas como el EB-2 NIW para green card sin patrocinador o las categorías de trabajo temporal menos expuestas al debate político, como la visa TN para mexicanos y canadienses bajo el USMCA.
El debate más amplio: H-1B como herramienta de competitividad o como causa del desplazamiento de trabajadores locales
La H-1B lleva más de una década en el centro de tensiones políticas que combinan política migratoria, mercado laboral y competitividad económica. Sus defensores señalan que el programa es uno de los motores de la innovación tecnológica estadounidense y que sin acceso a talento global, muchas empresas perderían posiciones frente a competidores de Europa y Asia. Sus críticos argumentan que el sistema es utilizado por grandes corporaciones para deprimirs alarios del sector tecnológico y evitar contratar y capacitar a trabajadores estadounidenses. Ese debate, lejos de cerrarse, se intensifica cada vez que una propuesta legislativa como la de Crane vuelve a ponerlo en agenda.
