Un informe del Senado de Estados Unidos reveló que la administración Trump destinó más de 40 millones de dólares a acuerdos con gobiernos extranjeros para que acepten la deportación de migrantes que no son ciudadanos de esos países. La práctica, que convierte a naciones terceras en destinos de remoción forzada, se ha consolidado como uno de los ejes de la política migratoria de enforcement del segundo mandato y ha generado controversias legales y diplomáticas en varios frentes simultáneos.
- Qué son las deportaciones a terceros países y cómo funcionan estos acuerdos
- El caso de El Salvador: 250 venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad
- Paraguay, Ruanda y otros países que firmaron acuerdos de recepción de deportados
- Qué nacionalidades están más expuestas a ser deportadas a un tercer país
- Las implicancias legales y el debate sobre el debido proceso en deportaciones a terceros países
Qué son las deportaciones a terceros países y cómo funcionan estos acuerdos
En el sistema migratorio tradicional, una persona deportada desde Estados Unidos es enviada a su país de origen o al último país donde tuvo residencia legal. Las deportaciones a terceros países rompen esa lógica: la persona es enviada a un país con el que no tiene ningún vínculo de ciudadanía ni de residencia, bajo acuerdos bilaterales negociados entre Washington y el gobierno receptor.
Según el informe del Senado, estos acuerdos contemplan pagos directos en efectivo, eliminación de restricciones de visa para ciudadanos del país receptor, y otros beneficios diplomáticos y comerciales. Los montos revelados superan los 40 millones de dólares distribuidos entre varios gobiernos, aunque el informe señala que los acuerdos totales podrían ser significativamente mayores dado que parte de la información permanece clasificada.
El caso de El Salvador: 250 venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad
El episodio más polémico documentado hasta ahora es el traslado de aproximadamente 250 ciudadanos venezolanos a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida durante el gobierno de Nayib Bukele. Las personas trasladadas no tienen ciudadanía ni residencia salvadoreña y fueron enviadas allí bajo el argumento de que representaban un riesgo para la seguridad.
El caso derivó en un litigio ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde varios tribunales federales cuestionaron la legalidad del procedimiento. Los críticos señalan que el traslado a un tercer país sin audiencia judicial previa viola el debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos que EE.UU. ha ratificado. La administración Trump argumentó que la autoridad ejecutiva en materia de seguridad nacional le permite actuar sin necesidad de revisión judicial caso por caso.
Paraguay, Ruanda y otros países que firmaron acuerdos de recepción de deportados
El Salvador no es el único país que firmó acuerdos de este tipo. Paraguay recibió en abril de 2026 un primer grupo de 16 migrantes de distintas nacionalidades, incluyendo un ciudadano dominicano, en el marco de un convenio bilateral. Según fuentes diplomáticas citadas por medios latinoamericanos, el acuerdo incluye compensaciones económicas para el gobierno paraguayo y facilidades de visa para ciudadanos paraguayos que viajan a Estados Unidos.
Ruanda, país que también firmó un acuerdo similar con el Reino Unido en un gobierno anterior aunque ese convenio nunca se ejecutó, aparece mencionado en documentos del Departamento de Estado como potencial receptor adicional. Costa Rica, Ecuador y algunos países de África subsahariana están siendo evaluados como destinos alternativos dentro de la misma lógica, según fuentes citadas por NPR.
Qué nacionalidades están más expuestas a ser deportadas a un tercer país
La política de deportaciones a terceros países se aplica principalmente a personas de países con los que EE.UU. tiene dificultades para ejecutar deportaciones directas —Venezuela, Cuba, Nicaragua y en algunos casos China— o a quienes la administración clasifica como de alto riesgo de seguridad con independencia de su nacionalidad. Los venezolanos son el grupo más expuesto en este momento dado el volumen de migrantes venezolanos en EE.UU. y la ausencia de relaciones diplomáticas directas que permitan deportaciones a Caracas.
Para entender el proceso de deportación en Estados Unidos paso a paso —desde la detención hasta la ejecución de la orden— y qué derechos tiene una persona ante ICE, visaparaestadosunidos.com ofrece una guía completa en español.
Las implicancias legales y el debate sobre el debido proceso en deportaciones a terceros países
El principal cuestionamiento legal es que una persona deportada a un tercer país pierde efectivamente la posibilidad de apelar su caso desde un lugar con acceso a abogados, tribunales y comunicación con su familia. Las organizaciones de derechos humanos argumentan que esto convierte la deportación a un tercer país en una forma de detención indefinida en condiciones que el deportado no puede impugnar.
Varios jueces federales emitieron órdenes temporales de bloqueo contra traslados específicos, pero la administración apeló esas decisiones hasta llegar a la Corte Suprema, donde el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria sigue abierto. El resultado de esos litigios definirá en los próximos meses si la política de terceros países puede expandirse o si enfrenta límites constitucionales concretos.
