Un juez federal en Massachusetts anuló esta semana la polémica tarifa de $100,000 que la administración Trump había impuesto sobre ciertas peticiones de visa H-1B. El tribunal determinó que el poder ejecutivo no tenía autoridad para establecer este cargo sin la aprobación del Congreso, calificándolo como un impuesto ilegal. La decisión aplica a nivel nacional, aunque la administración ya presentó un aviso de apelación.
- ¿Qué era la tarifa de 0,000 para la visa H-1B?
- La decisión judicial: por qué el juez anuló la tarifa
- ¿Qué pasa ahora? La administración apelará
- Impacto en empresas y trabajadores con visa H-1B
- Contexto: las restricciones al programa H-1B en 2025-2026
- ¿Qué hacer si tenés una visa H-1B o la estás tramitando?
- Preguntas frecuentes
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¿Qué era la tarifa de $100,000 para la visa H-1B?
En 2025, la administración Trump emitió una proclamación presidencial que establecía una tarifa adicional de $100,000 sobre determinadas peticiones nuevas de visa H-1B. Esta carga se aplicaba principalmente a empresas que dependían en gran medida de trabajadores con este tipo de visa, especialmente compañías de tecnología y consultoría con alta proporción de empleados en estatus H-1B.
La medida generó alarma inmediata en el sector tecnológico y entre las firmas de consultoría que contratan profesionales internacionales. El costo de $100,000 por petición —sumado a las tarifas ya existentes de USCIS— hacía que contratar o transferir a un trabajador H-1B resultara económicamente inviable para muchas empresas medianas y pequeñas, y sumamente costoso incluso para las grandes corporaciones.
En la práctica, muchos empleadores habían comenzado a pausar sus procesos de contratación de trabajadores extranjeros o a buscar alternativas migratorias para evitar enfrentarse a ese gasto extraordinario. La tarifa fue cuestionada desde el inicio por organizaciones de empleadores, abogados de inmigración y grupos de la industria tecnológica.
La decisión judicial: por qué el juez anuló la tarifa
El juez federal determinó que el ejecutivo carecía de la autoridad constitucional para crear esta tarifa sin que el Congreso la aprobara previamente. Según el tribunal, el cobro de $100,000 constituye efectivamente un impuesto, y la Constitución de los Estados Unidos reserva al Congreso —no al presidente— la potestad de crear impuestos y tasas nuevas.
El fallo vacó la política a nivel nacional (nationwide vacatur), lo que significa que ninguna oficina de USCIS en el país puede aplicar o cobrar esa tarifa mientras la orden judicial siga vigente. Esta clase de orden de alcance nacional es una herramienta jurídica poderosa: impide que el gobierno federal aplique la medida en cualquier estado del país, no solo en Massachusetts.
Cabe destacar que otros tribunales federales han llegado a conclusiones distintas sobre la legalidad de esta tarifa, lo cual genera una inconsistencia en la jurisprudencia que hace más probable que el caso termine siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué pasa ahora? La administración apelará
La administración Trump ya presentó un aviso de apelación, lo que significa que el caso avanzará hacia el Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, la tarifa sigue suspendida gracias a la orden judicial. Sin embargo, hay dos factores adicionales que los empleadores y trabajadores deben tener en cuenta:
- Vencimiento de la proclamación: La proclamación presidencial que estableció la tarifa tiene fecha de expiración en septiembre de 2026. Si el tribunal de apelaciones no resuelve antes de esa fecha, la tarifa podría caer por su propio peso sin necesidad de una sentencia definitiva en contra.
- Posible suspensión de la orden durante la apelación: La administración podría solicitar al tribunal de apelaciones que suspenda temporalmente la orden mientras se decide el caso. Si lo logra, la tarifa volvería a aplicar durante ese período. Los abogados de inmigración recomiendan monitorear de cerca este proceso.
Impacto en empresas y trabajadores con visa H-1B
La anulación de la tarifa tiene consecuencias inmediatas y de mediano plazo para quienes trabajan o planean trabajar en Estados Unidos con visa H-1B:
Para empleadores que tenían peticiones pausadas
Las empresas que habían detenido sus procesos de contratación de trabajadores H-1B a causa del costo prohibitivo ahora pueden retomar esos procesos. La tarifa de $100,000 no aplica mientras la orden judicial esté en vigor. No obstante, los abogados de inmigración advierten que la situación podría cambiar si la apelación prosperara, por lo que se recomienda actuar con conocimiento del riesgo procesal y estar atentos a las novedades del litigio.
Para trabajadores en proceso de extensión o transferencia
Si tu empleador estaba esperando el resultado de este litigio antes de presentar una petición H-1B —ya sea nueva, de extensión o de transferencia entre empleadores— la situación actual es favorable. La tarifa de $100,000 no aplica mientras la orden judicial esté en vigor. Sin embargo, las tarifas regulares de USCIS, que fueron actualizadas en 2024, sí siguen vigentes.
Para profesionales latinoamericanos que buscan trabajo en EE.UU.
Si sos un profesional de América Latina con calificaciones en tecnología, ingeniería, salud u otras especialidades y tu empleador estadounidense estaba considerando patrocinarte para una visa H-1B, la eliminación temporal de la tarifa de $100,000 reduce significativamente la barrera económica para que esa empresa inicie tu proceso.
Contexto: las restricciones al programa H-1B en 2025-2026
La tarifa de $100,000 fue una de varias medidas restrictivas que la administración Trump implementó sobre el programa H-1B desde 2025. El panorama general incluye:
- Mayor escrutinio en las peticiones que implican contratos con terceras empresas (outsourcing o body-shopping)
- Propuestas legislativas para congelar nuevas aprobaciones H-1B por hasta tres años
- Reducción en la duración de las aprobaciones iniciales para ciertos sectores
- Mayor dificultad para el cambio de empleador (portabilidad H-1B) para quienes ya están en EE.UU.
En este contexto de restricciones generalizadas, el fallo judicial representa una victoria parcial pero importante para los empleadores y trabajadores que dependen del programa H-1B. La incertidumbre regulatoria, sin embargo, permanece elevada.
¿Qué hacer si tenés una visa H-1B o la estás tramitando?
Si sos beneficiario de una visa H-1B o tu empleador está en proceso de patrocinarte, estos pasos son recomendables en este momento:
- Consultá con un abogado de inmigración: El panorama legal es dinámico. Un especialista puede evaluar tu caso específico y la conveniencia de actuar ahora o esperar el resultado de la apelación.
- Monitoreá el proceso de apelación: Si la administración obtiene una suspensión de la orden judicial durante la apelación, la tarifa podría volver a aplicar temporalmente.
- Verificá las tarifas actuales de USCIS: Independientemente de la tarifa de $100,000, USCIS tiene sus propias tarifas para peticiones H-1B que fueron actualizadas en 2024. Asegurate de incluirlas en la planificación de costos.
- Guardá documentación de todos los pasos: En caso de que la situación legal cambie, contar con registros completos del proceso te protegerá.
Preguntas frecuentes
¿La tarifa de $100,000 está definitivamente eliminada?
No de forma definitiva. La orden judicial la suspendió a nivel nacional, pero la administración está apelando. El resultado final dependerá del Primer Circuito de Apelaciones y, potencialmente, de la Corte Suprema de Justicia.
¿Afecta esta decisión a las visas H-1B ya aprobadas?
No. La tarifa se aplicaba a nuevas peticiones. Las visas H-1B ya aprobadas no se ven afectadas por este litigio.
¿Qué empresas estaban más afectadas por la tarifa?
Principalmente las empresas de tecnología, consultoría de IT y firmas de outsourcing que presentan un alto volumen de peticiones H-1B. La tarifa fue diseñada específicamente para penalizar a las industrias que dependen del programa de visas de trabajo especializadas.
¿Puede un empleador recuperar la tarifa si ya la pagó?
Esta es una pregunta que los abogados de inmigración están explorando activamente. En general, cuando un tribunal anula una política gubernamental, puede haber vías legales para solicitar reembolso, pero el proceso suele ser largo y complejo. Se recomienda consultar con un abogado especializado para evaluar las opciones disponibles.
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