Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos alcanzaron niveles históricos. La política de «tolerancia cero» que prometió en campaña se convirtió en realidad operativa: en los primeros 12 meses del segundo mandato, las cifras de deportaciones superaron todos los registros anteriores y la presencia del ICE en ciudades santuario se intensificó de forma sostenida.
Las cifras: cuántas deportaciones en 2025-2026
En 2025, el ICE realizó más de 280.000 deportaciones, la cifra más alta desde 2012. En los primeros meses de 2026, el ritmo se mantuvo o superó ese promedio mensual. A eso se suman las deportaciones aceleradas mediante el proceso de «reinstatement of removal» —aplicado a personas con órdenes de deportación previas— y la ampliación del programa de salida voluntaria, que llevó a más de 80.000 inmigrantes a abandonar sus casos entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Quiénes son los más afectados
A diferencia de gobiernos anteriores que priorizaban la deportación de personas con antecedentes penales, la administración Trump amplió el perfil de personas sujetas a remoción. En 2026, cualquier inmigrante sin estatus legal vigente —independientemente del tiempo que lleve en el país, sus vínculos familiares o su historial laboral— puede ser detenido y deportado.
Los países con mayor número de deportados siguen siendo México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero el programa también incluyó deportaciones a terceros países —como El Salvador, Costa Rica y Panamá— para ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua cuyos gobiernos no aceptan vuelos de deportación directos.
El impacto económico en comunidades inmigrantes
La intensificación de las deportaciones tuvo efectos económicos concretos en sectores que dependen de mano de obra inmigrante. La construcción, la agricultura, los servicios de limpieza y el sector gastronómico reportaron escasez de trabajadores en varios estados. Algunos empleadores comenzaron a ofrecer salarios más altos para atraer trabajadores ante la reducción de la oferta laboral.
Para las familias mixtas —donde algunos miembros son ciudadanos o residentes y otros no— el impacto fue especialmente severo. La separación de familias con hijos nacidos en EE.UU. generó casos judiciales y cobertura mediática significativa durante 2025 y principios de 2026.
El programa «Proyecto Vuelta a Casa» y las salidas voluntarias
Como alternativa a la deportación forzada, el gobierno lanzó el «Proyecto Vuelta a Casa»: vuelos gratuitos al país de origen y pagos de hasta 2.600 dólares a cambio de salir voluntariamente usando la app CBP Home. Más de 80.000 personas aceptaron esta salida entre enero de 2025 y marzo de 2026, impulsadas principalmente por el miedo a la detención prolongada y las pocas chances de ganar sus casos ante los tribunales.
Deportaciones a terceros países: los acuerdos de Trump
Una medida sin precedentes fue el uso de acuerdos con terceros países para deportar a inmigrantes que no pueden ser enviados directamente a su nación de origen. EE.UU. firmó acuerdos con El Salvador (que recibe detenidos en la megaprisión CECOT), Panamá y Costa Rica, destinando fondos para financiar estos programas. Los acuerdos involucran ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses mayoritariamente.
Qué derechos tienen los inmigrantes ante una detención
Independientemente del estatus migratorio, toda persona en suelo estadounidense tiene derechos constitucionales ante una detención del ICE:
- El derecho a no responder preguntas sin la presencia de un abogado.
- El derecho a no firmar documentos sin leerlos y entenderlos completamente.
- El derecho a contactar a un abogado o a la embajada o consulado del país de origen.
- El derecho a una audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportado, salvo en casos de deportación acelerada.
